¿Cómo combatir la corrupción estatal?
Los datos evidentes de corrupción acaecidos en América latina y, particularmente, en Ecuador que han
fugado al ámbito público y que están generando los escándalos mediáticos a los que
asistimos en los últimos años y especialmente en los últimos meses, solo tienen
una lectura posible, al menos solo una es de carácter estructural.
Si la economía que articula la vida social no fuese la capitalista,
basada en la acumulación acelerada de capital y no en la satisfacción de las
necesidades humanas concretas, la corrupción no tendría el radical carácter
estructural que tiene. Es necesario partir de esa premisa histórico-social para entender la complejidad del fenómeno al
que nos enfrentamos y poder dar respuesta al mismo.
El capitalismo es resultado de un acto de corrupción primigenio que
expropio la propiedad social de los medios de producción y los hizo de usufructo
privado. En esta expropiación originaria los pueblos conquistados fueron
despojados de su riqueza natural, social y cultural para alimentar la acumulación
primitiva de capital. De ahí en adelante, la explotación de la naturaleza y del
trabajo ha sido la manera de continuar ininterrumpidamente el primer acto de
corrupción y asegurar, de ese modo, el capitalismo como sistema social domiante.
Sobre la base de ese fundamento corrupto de la economía capitalista, se
estableció un marco jurídico para sostenerlo, legalizarlo e incluso
legitimarlo. Es así, el derecho moderno
el derecho del propietario privado, que iguala, en otro hecho fraudulento, a
los propietarios de los medios de producción con los propietarios de la fuerza
de trabajo, como si la propiedad de unos y otros fuera igual. De esta manera
queda oculta la estructura de desigualdad, posible en el originario acto de
corrupción que trasmutó la propiedad comunitaria, colectiva y social en
propiedad privada.
El Estado en término generales, y más allá del discurso liberal, ha sido
más a menos, más en América latina, el
aparato que ha garantizado la acumulación de capital nacional e internación
mediante la permanente transferencia (privatización, concesión, deuda,
contratación, etc.) de la riqueza natural y social, a los capitalistas. El Legislativo
ha elaborado leyes al servicio de los negocios del capital y en detrimento de
los trabajadores, a quienes en el mejor de los casos se les dan ciertas mejoras laborales para evitar su
insurrección, nunca demasiadas para afectar la estructura de la explotación.
Para poner un ejemplo actual en el país, cabe mencionar la última Ley de
Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable que permite
el ingreso del negocio de semillas transgénicas con el eufemismo de ser “con
fines investigativos”, detrimento de la economía campesina. El Ejecutivo se encarga de controlar el conflicto
social (criminalización de la protesta social) para que los negocios con los
capitales nacionales e internacionales no se vean afectados por el justo y legítimo
reclamo de los pueblos. Es el Ejecutivo, por ejemplo, el encargado de vender
los bienes sociales y naturales, hacer las contrataciones públicas, endeudarse,
todos estos mecanismos usados para transferencia de riqueza al capital nacional
e internacional. Son los funcionarios del Ejecutivo quienes negocian precios, intereses, condiciones, etc. siempre en beneficio de la acumulación y no de
la satisfacción real de las necesidades sociales. Así, se ha visto en todos los
gobiernos, y más en aquellos donde el
precio de las materias primas ha subido, un gasto irracional de recursos, sobre
todo capital en divisas, que mayormente beneficia a las empresas licitadoras de
servicios. Muchas construcciones innecesarias, disfuncionales, mal hechas, con sobre
precios, con fecha de caducidad que nos obliga a volverlas a hacer, o con préstamos
atados que nos obligan a contratar los
servicios de las empresas-estados prestamistas. Esto sin lugar a duda ya es
corrupción institucionalizada. El poder Judicial independiente y peor aún el dependiente
del Ejecutivo, hace justicia en función, como no puede ser de otra manera, del
derecho moderno de los propietarios privados. La justicia a los propietarios privados de su
fuerza de trabajo es la justicia de mantenerlos como trabajadores asalariados y
para los propietarios de medios de producción para garantizar la acumulación de
su capital, lo que supone más explotación del trabajo. De esta manera, este derecho moderno le ha
costado al país las últimas sentencias de los tribunales internacionales que sancionaron
a favor de las transnacionales (Casos Chevron, Oxy) y a nivel interno, le ha
costado a los pueblos y sus dirigentes ser perseguidos, enjuiciado y
encarcelados por reclamar derechos, mientras se indulta a los corruptos (Caso
Antonio Buñay).
La voracidad de la acumulación de capital, a pequeña y gran escala, es
tan radical que transgrede su propia estructura corrupta legalizada. Esto es lo
que estamos viviendo con las últimas denuncias de corrupción en América latina,
ligadas a la empresa Odebrecht. La trama de coimas ejecutadas por la corporación
brasileña para ser beneficiaria con los contratos estatales -dinero que luego
era recuperado en creces no solo por las licitaciones ganadas sino por los
sobreprecios de dichos servicios de construcción- muestra la corrupción
capitalista al cuadrado, corrupción sobre corrupción. Además hay que tener
claro que si esta corrupción redoblada
ha salido a la luz pública, no es porque haya una justicia justa y honesta,
lamentablemente es debido a las disputas propias de los negocios corporativos
en guerra por mercados. Recordemos que
esta empresa ha sido, en la última década y un poco más, la encargada de hacer
muchas de las megas construcciones inherentes al proyecto IIRSA (Integración de
la Infraestructura Regional Sudamericana) y que en su origen estaba bajo el control de
empresas norteamericanas.
El asunto es quién se lleva el pastel de los recursos estatales y para
ello no se les ocurrió nada mejor que sobornar a los funcionarios públicos de los estados
latinoamericanos. Más aún, el soborno era anticipado. Las corporaciones
capitalistas han decidido ser los nuevo financistas de los partidos y movimiento
políticos que buscan ganar elecciones para administrar el Estado. Bien se puede hablar de campañas electorales
atadas a las corporaciones capitalistas por financiamiento. Muchos de los
actuales y anteriores presidentes de los países de América latina están
acusados de haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña
electoral, con el obvio y corrupto compromiso de que si ganan están obligados a
contratar los servicios de la empresa.
La corrupción estructural de la economía capitalista es así sostenida por
la corrupción política institucionalizada del Estado, naturalizada a tal nivel
que se asume que es normal, tanto por su generalización cuanto por su institucionalización
formal. Debido a esto nadie observa que
para atacar la corrupción hay que atacar a la economía capitalista y a su
sistema político, caso contrario esta no parará. No se trata únicamente, aunque
es lo primero que hay que hacer, de ubicar a los testaferros de los altos funcionarios
públicos que han recibido coimas de las
empresas y juzgarlos y sancionarlos, se trata de ir tomando medidas estructurales
en contra de la corrupción, es decir atacar las estructuras de acumulación de
capital, lo que supone empezar a transitar por otro proyecto societal. Es esto
lo que prometieron y no cumplieron los llamados gobiernos progresista y es por esto
que la historia y los pueblos les juzgarán.
De regreso al país, el nuevo presidente Moreno además de exigir la lista
completa de los funcionarios corruptos, hacerla pública y aplicarles toda la
sanción que su execrable acto merece, tendría que atacar estructuralmente la
corrupción. Según van las cosas parece que el nuevo gobierno no tiene ninguna intención
de hacerlo. Lamentablemente, en lo simbólico: aquello de designar a muchos
funcionarios de su gobierno dentro de la Comisión anticorrupción, al contrario
de fortalecer la ciudadana que ya existe de manera autónoma, eso del arresto
domiciliario para los corruptos, no oir el pedido de exigir la renuncia del Vicepresidente para que la investigación a sus funcionarios y familiares sea más transparente; y en lo estructural: no priorizar en su programa económico la
economía comunitaria, popular y solidaria, no cuestionar menos revertir el libre
ingreso de los transgénicos al país, para los primeros 10 días de gobierno no
da mucho espacio para dudar de su proyecto.
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