Mirando a través de la fisura

El grotesco símbolo del poder  correísta

En la Ciudad de Quito está por concluir la construcción de la llamada Plataforma Gubernamental Financiera, que curiosamente coincide con el fin de la presidencia de Rafael Correa.  Tal parece que dicha construcción  es el mejor símbolo del  tipo de poder que se instauró en esta década. 

Desde una perspectiva realmente democrática, se esperaría que el poder que la sociedad  delega a un gobierno, para que éste organice y administre los asuntos comunes, deba ser lo más discreto posible, para no aplastar  simbólica y menos efectivamente a la sociedad a la cual debe su razón de ser. Se entiende también desde esta perspectiva que los funcionarios públicos, empezando por los que tienen mayores responsabilidades con la sociedad hasta los de responsabilidades menores, se deben a la sociedad para la cual trabajan y no al revés. En otras palabras, los funcionarios públicos existen solo y únicamente porque la  sociedad así lo ha querido, no tienen existencia propia por fuera de los acuerdos entre los miembros diversos de la sociedad. No han nacido funcionarios públicos, no han heredado el puesto, no es de su propiedad ni el puesto ni los instrumentos materiales y simbólicos requerido para cumplir su función.  El presupuesto estatal no les pertenece, los bienes públicos no son de su propiedad, ni privada ni personal, por lo tanto no pueden disponer de ellos como si estuviesen decidiendo sobre sus asuntos particulares. Además no es lo mismo la persona que el rol que cumple, diferencia que no puede ser nunca olvidada para resguardar la democracia y para que sepan y no olviden que su paso por el gobierno es temporal y que el poder transferido a ellos es transitorio, pues éste realmente le pertenece a la sociedad.

Lamentablemente lo que se esperaría casi nunca es lo que opera en la política real, sin que esto signifique que hay que dejar de buscar que el deber ser, sea.

La mayoría de gobiernos y gobernantes dentro de la lógica institucional del Estado olvidan los preceptos de la democracia real, y lo primero que hacen es confundir su identidad personal con la identidad de la función gubernamental. Se opera rápidamente una perversa simbiosis entre la persona y el rol social que cumple de forma transitoria (funcionario público), lo que necesariamente confunde  el poder delegado por la sociedad como poder propio, del cual se usa y abusa. Cuando son incapaces de distinguir entre su identidad social y la identidad gubernamental  pierden todo sentido de la realidad y empiezan a delirar con el poder, creyendo que es inherente a su persona.  Esta confusión hace un inmenso daño a la democracia, pues se tiende a arrebatar a través de leyes, decretos y reglamentos el poder de la sociedad y a concentrarlo en las manos del gobierno y de sus funcionarios de turno. 

Cuando dicha confusión ya se ha operado, los funcionarios públicos empiezan a: 1.  Administrar los asuntos comunes y  los recurso sociales como si fuesen de su propiedad. 2. Usar los recursos públicos para fortalecer su poder y no para resolver las demandas de la sociedad. Esta distorsión de la democracia se manifiesta por una parte en la forma del discurso enunciado siempre en primera persona: “les hemos  dado”, “hemos hecho carreteras”,  “tengo este presupuesto”, “voy a invertir en esto o aquello”, “no me hagan enojar porque si no…”, etc. etc., y por otra parte en el ejercicio efectivo de las decisiones político-económicas, las cuales se hacen a espaldas de la sociedad y sus organizaciones políticas autónomas. Se tienen así un estrechamiento de la democracia y una peligrosa ampliación de formas autoritarias de gobierno.

Mientras más tiempo permanezcan los funcionarios públicos enredados en esta confusión, se solidifica su delirio de poder y tienden a usar los recursos públicos para  edificarlo y preservarlo. Al igual que en el antiguo Egipto, los faraones del siglo XXI buscan monumentalizar su poder hacia la eternidad. El problema es que el sistema político del antiguo Egipto era dinástico  y los monumentos faraónicos  respondían a su horizonte político; al contrario, en democracia los monumentos faraónicos como la plataforma gubernamental financiera es la muestra más grotesca de lo antidemocrático. Las edificaciones faraónicas manifestaban con claridad la concentración admitida del poder del Faraón (poder religioso, político, económico y militar) y por lo tanto fueron símbolos de un poder reinante. En el caso de la democracia, que supone que el poder está en la sociedad, todo tipo de edificación que muestre el poder concentrado en el gobierno niega el poder de la sociedad y, por lo tanto, se convierte en signo perverso del poder autoritario.

Es por esta razón que la plataforma gubernamental fianciera que irrumpe  violentamente en la Av. Amazonas es el signo más claro y grotesco del poder autoritario  instaurado en esta década. Esa monstruosa construcción, que además adolece de un pésimo gusto arquitectónico, sintetiza cada una de las manifestaciones obscenas del poder arrebatado a la sociedad en estos diez años. Los juicios  estatales en contra de ciudadanos, los sacrificios políticos en el patíbulo de los sábados, la persecución, acosamiento y criminalización a la disidencia política, el último vergonzoso juicio a los miembros de la Comisión Anticorrupción, etc.

Para despedirse y como no podía ser de otra manera, el Ec. Rafael Correa consecuente con su pérdida total del sentido de realidad decide quedarse con la banda presidencial; en un acto extremo de enajenación, hace de un símbolo transitorio, del poder delegado por  la sociedad a una función pública, un fetiche de su vanidad. En este caricaturesco acto se muestra el efecto empobrecedor que la confusión entre la identidad personal y la identidad de la función gubernamental provoca en un individuo. René Girar diría que es un ejemplo perfecto de “la ruta antigua de los hombres perversos”.