Mirando a través de la fisura

Qué espera la sociedad

El fin de la presidencia de Rafael Correa, después de una década de estar dirigiendo la administración del Estado ecuatoriano, parece haber borrado 10 años de criminalización de la lucha social que se inauguró con la represión en Dayuma, y la sistemática negación gubernamental a dialogar con la sociedad. Al menos eso es lo que quiere mostrar la imagen que A.P construyó de su candidato y próximo presidente del Ecuador.  

Muchas organizaciones sociales, partidos políticos de centro-izquierda e individuos, que fueron perseguidos por el correísmo durante toda esta década, apoyaron al proyecto de A.P a ser gobierno, entre otras razones, porque prometió reconstituir y fortalecer el Estado que había sido debilitado por el Neoliberalismo. De hecho, así, lo hicieron. Se armó un Estado que invadió todos los espacios de la vida social hasta asfixiarla y que terminó persiguiendo a esas mismas organizaciones que lo había demandado. Un Estado claramente vertical y autoritario que cercenó todo espacio de diálogo entre el gobierno y la sociedad, especialmente con aquellos sectores que disentían de la política del régimen.

Nunca antes el país había vivido tan de cerca aquella realidad política denominada razón de estado, como en la década del gobierno de Correa. No es difícil registrar la simbiosis que se dio  entre Estado y gobierno (incluso Estado-gobierno y partido) para poder tomar todas las medidas que aseguren, conserven e  incrementar el poder del Estado-correísta.  Como se sabe, para la razón de estado, es la supervivencia de éste y la ampliación de su poder el objetivo supremo, sobre cualquier otro interés de la sociedad, sea colectivo o individual. Desde esta lógica política, cualquier pensamiento y  acción de la sociedad que amenace este supremo valor tiene que ser combatida con toda la fuerza de los aparatos represivos del mismo Estado. Así, fue la reconfiguración y reforzamiento del estado capitalista y no una revolución ciudadana lo que el Ecuador vivió en los últimos 10 años.

Es la razón de estado lo que explica que el diálogo en el país haya sido, durante esta década, prácticamente extirpado, ya que el diálogo se da en el seno de la sociedad, que en su diversidad busca disipar sus diferencias, resolver sus  problemas y pensar su vida común a futuro. El diálogo no es entre la sociedad y el Estado, sí con el gobierno en función de que el grupo gobernante responda a la sociedad y sus demandas, pero cuando el gobierno está mimetizado con el Estado no es posible diálogo alguno. La razón de estado impone un monólogo autorreferencial del Leviatán afirmando su poder como un fin en sí mismo.

El resultado de esta década - en la que se fortaleció el Estado para regular el mercado siempre con la balanza inclinada en favor de la acumulación de capital y no de los intereses de la sociedad, y para extender su poder de control a todo ámbito social incluido la sexualidad y reproducción de las ecuatorianas – es una sociedad silenciada sin posibilidad de dialogar y, por lo tanto, empobrecida en su ser democrático. Es, justamente, este saldo dejado por los 10 años de la Revolución Ciudadana lo que la mayoría de los ecuatorianos han rechazado, incluso mucho de los que decidieron apoyar al candidato del oficialismo acogiendo su promesa de diálogo.  

En atención a lo dicho y más allá de las declaratorias de extender la mano y dialogar con todos los sectores que ha expresado el futuro presidente Moreno, habría que preguntarle no solo si está dispuesto a  dejar sin efecto todos los procesos judiciales contra dirigentes sociales, sino si está decidido a desmontar la razón de estado que ha gobernado esta década, la misma que se ratifica en estos últimos días con la conversión del decreto 16 en Ley y la última detención del dirigente shuar. Y a todos esos sectores e individuos que se han hecho eco de esta declaración habría que preguntarles si ¿el solo cambio de persona al frente del gobierno acaba con la razón de estado?

Ante el fin de ciclo progresista, la pregunta más importante es: ¿sigue siendo el Estado la demanda de la sociedad? o ¿es la lucha por su soberanía y autonomía respecto a cualquier institución (Estado y mercado) que surgiendo de su seno devenga en un poder extraño que la destruya?  La respuesta a estas preguntas define el destino de la lucha social y su mandato a cualquier gobierno que temporalmente le coordine.