La racionalidad jurídica como instrumento de dominación, la marca de la
Revolución Ciudadana
Natalia Sierra
A propósito de la sentencia a Klever
Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa - la cual se suma a la larga
lista de sentenciados político como Carlos Pérez, Javier Ramirez, Pepe Acacho, Mery,
Zamora, Juan Carlos Calderón, Christian Zurita, Bonil, los 10 compañeros de
Luluncoto, los jóvenes del Central Técnico, las compañeras de Pachamama, entre
tanto otros compañeros que han sido criminalizados, enjuiciados y sentenciados
por la Justicia Ecuatoriana en los últimos 7 años gobernados por el “revolucionario”
Movimiento Alianza País – es urgente denunciar la instrumentalización del
aparato judicial como forma de
dominación política de la sociedad.
Sin lugar a dudas uno de los
mecanismos principales de dominación implementados por el Gobierno de A.P. es lo que se puede denominar
el totalitarismo de la racionalidad jurídica. Lo que se ha operado en estos
años de Revolución Ciudadana es la instrumentalización del aparato jurídico como
mecanismo de control penal de la sociedad. El poder judicial, como el Otro
procedimental de la ley, administra la justicia en defensa del Estado, el
Gobierno y sus altos funcionarios en
contra de la ciudadanía. Dicho de otro modo, la justicia abiertamente sirve
para criminalizar al dominado y proteger
al dominador, en base a identificar Razón Jurídica con Verdad Política y ésta
con Revolución Ciudadana. Al parecer, la
justicia en el Ecuador tiene como objetivo primero defender los derechos del Estado (tanto en la persona
jurídica de las empresas cuanto en la persona natural de sus funcionarios)
frente a la amenaza que los ciudadanos representan para los intereses del poder
político aliado del poder económico.
En estos siete años del Gobierno
de Alianza País, a partir del nuevo marco constitucional, se han elaborado
leyes, normas y reglamentos que se los operacionaliza con el fin de vigilar,
controlar, perseguir y castigar a los ciudadanos, es decir para dominar a la
población. Al ciudadano por su parte, en base
de reglamentes y decretos como el 016 se lo aísla, se lo atomiza,
dejándolo huérfano de organización social y/o política para que quede a merced
del poder del Estado. Así, el ciudadano en indefensión total se enfrenta al
Gran Otro procedimental jurídico que lo juzga y le castiga en una clara muestra
de dominación, que además busca ser ejemplo pedagógico para el resto de la
población.
La justicia identificada con la
opresión configura lo que se puede denominar el terror de la razón jurídica, un
particular poder de dominación que está siendo ensayado por el Gobierno de
A.P., todo en nombre del progreso y la
modernización capitalista encubierta en la promesa del Buen Vivir.
La razón jurídica ha sido retomada por el
Gobierno como una eficaz forma de control político. La identificación entre
justicia y opresión conlleva la supremacía de la dominación sobre la justicia,
hasta el punto de convertir a la última en instrumento de la primera. Así, las
luchas o actos de resistencia a la dominación, portadores de valor ético
otorgado por la justicia histórica, terminan siendo “delitos” que deben ser
penalizados y castigados.
El aparto de justicia ha sido
convertido en una dependencia de la presidencia de la República para castigar a
todos aquellos que el Gobierno, en la figura del Presidente, consideran
enemigos de la “Revolución”. Ante los ojos del dominador siempre se es culpable;
culpable de no apoyar la revolución, culpable de atentar contra el Gobierno o el Estado,
culpable de atentar contra la honra del Presidente, culpable de conspirar
contra la paz, culpable de terrorismo, culpable de rebelión, culpable de no ser
culpable, culpable de decir la verdad. (Zizek, 2011) En esta conversión
de la justicia en opresión, la democracia
termina siendo el mejor sistema de dominación.
Esta lógica de dominación, que convierte
la violación de los derechos humanos en aplicación de la justicia, fue
espectacularmente mostrada al mundo por el Estado norteamericano cuando
cínicamente convirtió los crímenes contra la humanidad perpetrados en la
intervención militar a Irak en defensa de la paz y la libertad. Como es ya
conocido “… la administración Bush
bautizó su cruzada antiterrorista como "Operación justicia infinita",
título ofensivo tanto para musulmanes como para cristianos. El mensaje
implícito era que los talibanes eran infinitamente culpables y Estados Unidos
infinitamente inocente, y que la "justicia infinita" contra aquellos
sería una venganza sin límite.” (Stam, 2003)
En la cita queda claro como la justicia, usada como instrumento de
dominación, se trasmuta en venganza, así el poder que instrumentaliza la
justicia para su propósito de dominación es un poder vengativo, que se activa a
partir del odio y el resentimiento que el sujeto que lo detenta experimenta
frente a quienes se oponen a su poder-dominación. La idea propuesta se la puede observar en
declaraciones hechas por el primer funcionario del Estado ecuatoriano como
aquella hecha en relación al caricaturista Bonil: "Los ecuatorianos debemos rechazar las mentiras y a los
mentirosos, sobre todo si esos mentirosos son cobardes disfrazados de jocosos
caricaturistas. Odiadores del gobierno disfrazados de jocosos caricaturistas" (República,
2013) Declaraciones
que son premisas para enjuiciar, sancionar al ciudadano que ha violado los derechos del Estado.
La instrumentalización del aparato jurídico como dispositivo de
dominación ha convertido la excepción de la norma en norma. Si la excepción de
la norma supone que un individuo es excluido de la regla general, lo cual lo
deja sin garantías y por lo tanto lo convierte en humano sacrificable; cuando
la excepción se ha convertido en la norma son la mayoría de personas las que
quedan en la indefensión y terminan por ser culpabilizados, criminalizados y
condenados; han sido excluidos de toda garantía. De esta forma, la sociedad
ecuatoriana termina siendo criminalizada, todos se convierten en sospechosos de
traición, de terrorismo, de rebelión, todos son objetos del Nuevo Código
Integral Penal. Así, la aplicación de la
justicia se aplica desaplicándola, es
decir irrespetando el derecho a pensar distinto, a disentir, a asociarse, a
opinar, a denunciar, a resistir, a defender la vida. La norma que garantiza la
vida social de toda persona es suspendida cuando el poder jurídico es un
instrumento de dominación.
Con la aplicación mejorada de la justicia instrumentalizada para la
dominación el control es total y obscenamente cínico. Los agredidos por la
violencia del poder político, por la violencia económica de la acumulación de
capital, por la corrupción institucionalizada terminan enjuiciados, condenados
y encarcelados, mientras los agresores son protegidos por la Ley. Muestra clara
de esta perversión de la justicia es la condena a un año de prisión a los
Veedores del Caso Gran Hermano, al tiempo que el implicado en el mismo (hermano del Presidente)
ni siquiera es llevado a juicio, pues según dice la Contraloría y la Fiscalía
General no hay méritos para enjuiciarlo, a pesar de que nadie puede dar cuenta
de los 650 millones de dólares del pueblo ecuatoriano que se han perdido.
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