La ley justifica todo
En los últimos meses, los voceros del correísmo atrapados en las
contradicciones insalvables de su fracaso político han decidido defender lo
indefendible, colocando como fundamento absoluto de su precaria argumentación a
la Ley. Así la ley está sobre la Constitución
que ellos construyeron y aprobaron, sobre los derechos humanos, sobre la
coherencia, sobre la razón.
A pocos meses de asumir la administración del Estado, el proyecto
político de Alianza País transparentó su real propósito gubernamental,
claramente vinculado a un intento más de modernizar por vía conservadora el
capitalismo en el Ecuador. Dicho propósito, más allá de lo que los voceros
oficiales sostengan, de ninguna manera significa mejorar estructuralmente las
condiciones de vida de la población y menos de la más empobrecida, ya que su
razón de ser es ampliar el marco de la
expansión y profundización del capitalismo extractivo en la región.
Después de casi una década de bonanza petrolera, que fue definitiva en
la ejecución del proyecto político-económico del Régimen la situación cambió. El
actual momento, antesala de las
elecciones del 17, se caracteriza por una crisis económica prácticamente
instalada en el país, la misma que si bien se explica en mucho por el contexto
internacional caracterizado por la disminución del precio del petróleo y el
fortalecimiento del dólar, modificaciones foráneas que afectan particularmente
a la economía del Ecuador, se explica
principalmente por el mal manejo económico del Gobierno.
Durante esto años de bonanza no fueron capaces de sentar las bases de
una transformación estructural que saque al país de la dependencia de la
economía primario exportadora, al contrario se profundizó el extractivismo que
aún hoy sigue anunciándose como la gran panacea de la producción nacional (caso
Yasuní). No se hizo prácticamente nada para fortalecer y ampliar la producción
agrícola y manufacturera de pequeña y mediana escala, menos la familiar y comunitaria, todo lo
contrario se privilegió a las grandes
cadenas de producción y comercialización agroempresarial y obviamente se
privilegió durante varios años a los grandes importadores, pues se dio mucho
impulso al consumo suntuario y no al productivo. Al final, el año 2015, sin
saber cómo resolver la balanza comercial negativa (mas salida de divisivas del
país de las que entran) deciden desesperadamente asumir una política de
elevación de la taza impositiva a los productos importados, cuando no lo
hicieron de una forma racional durante 8 años, al contrario incentivaron ese
tipo de consumo. Obviamente que las grandes corporaciones de importación
difícilmente son afectadas por el capital que concentran, lo que no sucede con
los medianos y pequeños comercializadores y no se diga con la producción nacional
que depende de productos importados.
Por una parte, el alza impositiva para las importaciones encareció
considerablemente la vida en el país,
que de hecho por el dólar ya era cara, afectando como es previsible a las
clases medias que se habían acostumbrado a una mayor capacidad adquisitiva de
productos en general e importados en particular. Por otra parte y sin lugar a
dudas, los más afectados son los más pobres, pues aunque ellos no compran necesaria
y directamente los productos importados, que valga decir hoy son más de la mitad
de la canasta básica, debido al deterioro del aparato productivo nacional y específicamente el agrario, son los primeros
en perder el empleo que se contrae debido a la recesión económica por baja del
consumo. Vale decir que muchos de los
productos nacionales, debido al fortalecimiento del dólar y a la elevación de materias
importadas para su procesamiento terminan siendo mucho más costosos que los de
producción extranjera. Así, pese a que el trabajador gana en dólares y pese a
que estos años se ha incrementado el salario, su capacidad adquisitiva es
menor.
No impulsaron como política de Estado la producción comunitaria y
cooperativa, sino que emprendieron una política asistencialista de
bonos individuales de la pobreza, que si
bien en un momento son absolutamente necesarios para disminuir la miseria, no pueden convertirse en políticas estratégicas
de largo alcance. Al final los bonos de la pobreza entraron también a ser
controlados por el sistema financiero, que de hecho por las cifras oficiales ha
sido uno sino el sector más beneficiado por esta década de bonanza.
No contentos con todo esto, endeudaron al país más allá de lo permitido
por la Constitución y a altas tasas de interés, deuda que va a hacer casi imposible pagar, a
no ser entregando lo que queda de la riqueza nacional. De hecho ya están los
culpables de esta crisis dando la solución para salir de atolladero, que no es
otra que en la mejor receta neoliberal empezar
a vender los recursos naturales (petróleo, minería, biocombustibles, etc.) y
los bienes públicos construidos con la bonanza del petróleo (hidroeléctricas,
carreteras, quizá la refinería, los aeropuertos, la seguridad social, etc.) al
fin y al cabo eso han hecho siempre los grupos oligárquicos del país, rematar a
precio de gallina enferma las propiedades públicas que se construyen con la
riqueza de todos y todas las ecuatorianas.
Se podría seguir señalando la lista de “aciertos” del “genial” manejo
económico del gobierno de A.P., que la gente lo está padeciendo, pero basta decir que los “ilustrados” economistas
de PAíS han encerrado a la economía del Ecuador, de forma
violenta y casi definitiva, en el círculo perverso y depredador de la lógica mercantilista
del capital en la periferia. Gastaron todo el capital del petróleo en consumo
estatal beneficioso para las grandes empresas nacionales, y sobre todo las transnacionales
chinas y brasileñas, encargadas de la construcción de megas infraestructuras
que en definitiva no promueven la producción nacional, sino la ganancia de los
constructores principalmente de capital extranjero. Peor aún, el país se queda
endeudado con estas corporaciones a pesar de que a muchas se les hizo un pago
anticipado con recursos que se extraerán en el futuro. Todo lo que se invirtió en infraestructura quizá tendremos que pagarlo
vendiendo esa misma infraestructura. Así nos quedamos sin capital por venta de
petróleo, sin infraestructura, endeudados y con un aparato productivo más precario del que teníamos
antes de la “revolución”.
Con una casi inexistente producción nacional que es la que genera empleo
real para los ecuatorianos y riqueza nacional el consumo cae y esto a su vez
provoca más desempleo y más crisis, Así volvemos al único recurso que existe para
estos economistas, la salvaje explotación y venta de recursos naturales sin
importar la destrucción social y ambiental.
Los “revolucionarios” han terminado de devastar el aparato productivo nacional
y nos han acabado de hundir en la economía extractiva, en razón de lo cual
estamos condenados a la total dependencia de la voracidad de la corporación
transnacional de negocios de los comodities y a los manejos perversos de la geopolítica
mundial en la que no tocamos ni un pito, y para colmo no tenemos ni moneda
propia.
Pero no importa todo este desastre lo justifican con la ley positiva que
ellos mismos elaboran esté o no en concordancia con la Constitución o la razón
humana. Para ellos su ley es La ley aunque la ley fundamental del acuerdo
humano por la vida ya no les reconozca.
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