¿Y ahora qué?
El triunfo del SI en la consulta
popular del 4 de febrero cierra un ciclo político que mantuvo en un paréntesis
las preocupaciones sobre el proyecto político y sobre todo económico del actual Gobierno. Es cierto que el gobierno de Lenin Moreno, desde que asumió el
poder del Estado, dio muestras de una forma distinta de comunicación política
con los distintos sectores de la sociedad.
De hecho, abrió espacios de
conversación con varios sectores sociales que habían sido no solo arrinconado, sino silenciados e
inclusos perseguidos por el ex presidente y su gobierno. Se permitió y promovió
de alguna manera las investigaciones de las denuncias de corrupción que
señalaban a varios funcionarios del gobierno anterior; lo cual marcaba sin duda
diferencias con la década correísta. La actitud no autoritaria, no prepotente,
no represiva del presidente Moreno ciertamente fue un viento fresco en todo el
país, que fue bien recibido por la población y que de algún modo se expresó en la
votación afirmativa de la Consulta. No
hay que olvidar que las preguntas nucleares del plebiscito, la 2 y la 3,
referían justamente al carácter autoritario del ex presidente, quien ordenó a
sus leales compañeros de partido cambiar ilegítimamente la Constitución para reelegirse indefinidamente,
y quien tenía el control total de todo el aparato estatal a través de del
Concejo de Participación Ciudadana.
Sin embargo, durante los primeros
9 meses del gobierno actual su perspectiva política y, sobre todo, económica
con la cual gobernará hasta el 2021 no ha sido nada clara. Aún no se sabe cuál es el marco
político-económico que definirá el camino de la sociedad ecuatoriana durante
estos tres años y quizá mucho más, pues podrían ser políticas de Estado que se
proyecten en tiempos largos. Cuando el Presidente dice que su programa es volver
a Montecristi, al proyecto original de la Revolución Ciudadana, no aclara las dudas.
El proyecto de la Revolución Ciudadana también fue el del expresidente y sus
grupos cercanos, tanto los políticos como los económicos, ellos también dicen
que quieren rescatar el proyecto que “Moreno ha traicionado”.
De qué se trata el proyecto que
disputan correístas y morenistas? Al
menos hay dos interpretaciones del mismo en las que la mayoría de la sociedad no opina. Se trata acaso del proyecto que permitió
el enorme crecimiento económico de varios grupos de poder nacional entre los
que se encuentran las grandes comercializadoras y los grupos financieros y que
significó, al mismo tiempo, un abandono y estrechamiento de la economía agraria campesina? Se trata del
proyecto que posibilitó que varios funcionarios de alto nivel del correato y
sus familias salgan con empresas millonarias, gracias a los servicios que
vendieron al Estado con acuerdos previos e información privilegiada? Se trata
del proyecto que consolidó y afinó una trama de corrupción que articula Estado
y corporaciones empresariales, en función de la reproducción y acumulación de
capital? O quizá se trate del proyecto que amplió la frontera extractiva y volvió
a endeudar a la sociedad ecuatoriana a nombre del progreso y el desarrollo? Puede
ser que estén hablando del proyecto de permitió la reconstrucción de un Estado autoritario
capaz de extender el marco mercantil a nivel de todo el país, lo que algunos
analistas políticos han denominado la modernización capitalista de la era
progresista? No se
sabe.
Ahora que ya que se terminó la
tregua política previa a la consulta, con la cual se buscaba acabar con el fantasma
de Correa y desmontar el correísmo, es el momento de conocer cuál es la línea política
e ideológica del gobierno de Moreno, pues ya no basta su discurso amigable. Así
también, como sociedad ya no podemos encubrir ni desplazar, tras el fantasma de
Correa, nuestras preocupaciones, nuestras diferencias, nuestras distintas
maneras de pensarnos a futuro. De ahora
en adelante va a ser difícil creer que la puja por ampliar la democracia en el
ámbito de la política nos une a todos en una sola identidad, más allá de los
intereses económicos. Hay temas de la democracia en el ámbito de la economía
que se conoce como redistribución de la riqueza o redistribución de la escasez,
de la deuda, de la crisis. Ampliar la democracia a nivel político no
puede reducirse a la libertad de expresión, de prensa y de comunicación. La democracia
a nivel político tiene que ser la
posibilidad de decidir el destino económico del país atendiendo la democratización
económica y social, es decir resolviendo los problemas históricos y
estructurales de la inequidad social y económica de este país. No puede ser que
a nombre de la democracia en su nivel más formal renunciemos a derechos humanos
fundamentales, pues los procesos democráticos deben asegurar los mismos y no encubrir
su incumplimiento.
Es hora de empezar a discutir en
serio cómo vamos a enfrentar nuestro destino económico, para que la democracia
se extienda a la vida material como justicia y equidad. Para empezar deberíamos
exigir dos cosas: 1 que los bienes usurpados por los corruptos sean devueltos a
la sociedad, y 2 que los grupos que más se enriquecieron, en la época ganada para
ellos, sean los que soporte los actuales problemas económicos y no los sectores medios y menos aún los sectores
empobrecidos.
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