El nuevo ciclo neoliberal a la expropiación de la Seguridad Social
En la última sabatina en referencia a
la disputa pública que mantienen el gobierno con varios sectores de las
FFAA, el Ministro de Defensa en tono
enfático dijo: “La Constitución nuestra
establece con claridad que el Presidente de la República es la máxima
autoridad”. Aclaración ésta que fue reforzada por el Presidente con el siguiente
comentario: “Ofenden al Presidente de la República, es un manifiesto político…
de los más retrógrados que he visto en los últimos tiempos de nuestra América y
que refleja sectores totalmente retardatarios de nuestras Fuerzas Armadas, qué
pena que existan estos sectores, pero de existir tienen que respetar la
Constitución y ser obedientes no deliberantes, quedarse calladitos o tendrán
todo el peso de la ley”.
Qué hay detrás de esta extraña
disputa de los último meses de gobierno correísta. Digo extraña porque no es
nada clara para la mayoría de los y las ecuatorianas ya que implica varios niveles confusos que se cruzan
y que merecen ser analizados. Al parecer, por la forma en que el gobierno ha
manejado este conflicto y en consecuencia por la forma en que sectores, sobre
todo pasivos, de las FFAA le han respondido no pasa de ser una especie de
distractor, que evita que la discusión pública se centre en otros problemas más
profundos, como el de la mala situación
económica que atraviesa el país. Sin embargo hay, creo, una conexión directa
entre este conflicto y la crisis económica.
Sin negar el hecho de que el conflicto puede ser usado como un
distractor público, es importante tomar en cuenta que durante estos años de
gobierno, que ya terminan, la relación correísmo FFAA ha estado marcada por una
curva de tensiones que en ocasiones aumenta y en otras disminuye.
Las tensiones han sido provocadas entre otras razones debido a: 1) El
perfil de los ministros de defensa escogidos por el correato (mujeres, poetas,
izquierdistas no muy afectos a la
institución castrense); 2) La implementación de la Comisión de la Verdad (valga
decir absolutamente justa y necesaria) que
aunque usada y manipulada por el correismo como plataforma política no deja de
ser incómodo para la institución militar. 3) Los cambios en las relaciones
internacionales militares que significó un relativo alejamiento de eje
norteamericano en función de ciertos coqueteos con la nueva hegemonía asiática.
4) El paso de varia empresas que no representaban
competencia militar y que eran manejadas por las FF AA a manos civiles, también causó
malestar en la Institución.
Sin duda han habido varias tensiones Gobierno FFAA a lo largo de estos
años, las mismas que tuvieron su primer pico en la revuelta policial del año
2010, en la cual sin lugar a dudas fueron las FFAA las que le salvaron los
trastes al gobierno. La pregunta es ¿a razón de qué? ¿cuáles fueron los términos del acuerdo para poner fin al conflicto? ¿Se negoció el sistema ISSFA? No se puede saber. Pero, suponiendo que
se negociara la estabilidad del régimen especial de la seguridad social de la
FFAA, que pasó en estos 5 años que la promesa se rompió?
Lo cierto es que las políticas tomadas y ejecutadas por el correísmo respecto
de las FFAA no tienen nada que ver con un proceso revolucionario, no responden
a un cambio estructural de las relaciones de poder. Tienen, sí, que ver con los
intereses de los grupos de dominio, sus fricciones
internas y sus rearticulaciones en el
marco de los movimientos económicos regionales y mundiales. No son ni de lejos creíbles
las razones de igualdad y justicia que repiten los voceros del gobierno para
justificar la reforma al ISSFA. Si de verdad limitar los privilegios de las cúpulas
militares y la brecha entre éstas y la tropa fuese la razón, tenían que:
primero hacerlo años atrás cuando aún
contaban con capital político y económico, lo cual hubiese sido un signo claro
de que estaban combatiendo las estructuras de desigualdad por principio;
segundo debían por ética política alejarse de todos los privilegios y brechas
de desigualdad de la casta política civil y no acrecentarla como lo han hecho
durante su ejercicio gubernamental (aviones de lujo, caravanas de carros y una obesa
escolta presidencial y ministerial, viajes, viáticos, comidas, cocineros
especiales etc.). Nada de esto hicieron,
lo que hubiese significado una muestra fehaciente de que luchan por la igualdad
y la justicia, al contrario afianzaron la estructura de los privilegios
gubernamentales en clave colonial y monárquica.
Aún más, si se tratase de un principio revolucionario de búsqueda de la
justicia y la igualdad no estarían defendiendo a capa y espada el respeto a la
autoridad presidencial, como si ésta fuese una substancia encarnada en el presidente
y sus ministros. La autoridad no es una esencia que se posa en un individuo, es
una relación social que establece un compromiso de observancia al acuerdo instituido
y dirigido, siempre y cuando éste permita mejorar, en todo sentido, las
condiciones de vida de un grupo social. La legitimidad de la autoridad no se la
impone, se la gana con respeto a la dignidad humana, es decir con respeto a los
derechos de las personas que hacen posible esa autoridad. Así, la autoridad primero
no es una persona sino un valor y por lo
tanto no se soporta en un mega poder que controla todas las instituciones del Estado,
como si fuesen de propiedad privada de uno o un grupo de individuos. Lo que el
gobierno defiende es el autoritarismo de
un individuo y su séquito de privilegio.
No se puede luchar por la justicia y la igualdad cuando se ataca a una
persona con todo el poder del Estado acusándola
de irrespeto a la autoridad, pues no hay signo de mayor injusticia y
desigualdad que el autoritarismo totalitario agrediendo a una persona, eso sí
es irrespeto a la dignidad humana.
Así, casi nadie cree en las buenas razones del gobierno y sus políticas y
leyes de justicia. Quizá una de las
razones ciertas para esta obcecación con el ISSFA sea parte del nuevo ciclo de ajustes
neoliberales, que los propios gobiernos progresistas ya empezaron a implementar
como solución conservadora a la crisis económica de la cual ellos también son
responsables. En un análisis de la situación del Brasil, el profesor Giuseppe Coco
dice, respecto a las medidas neoliberales que se aplicarán tras la salida de
Dilma no tanto porque ella no haya querido sino porque no pudo, lo siguiente: “Son
tres las reformas más destacadas. La primera consiste en la modificación de la
Constitución que permita fijar un techo de gasto para los próximos diez años.
Una auténtica locura. La segunda es una reforma que atañe al sistema de
jubilación que consta de dos aspectos: aumentar la edad mínima de jubilación y
separar el nivel mínimo de la jubilación del nivel mínimo del salario. La
tercera es una mayor flexibilización laboral.”
Es más que conocido que el capitalismo neoliberal del riesgo va tras la
seguridad social, es el último y más perverso negocio de las corporaciones
financieras. Aquí en el país, a pretexto de la igualdad y la justicia, como
ningún otro gobierno, el correato ha golpeado gravemente al IESS, tanto con el
retiro del 40% de la aportación estatal, como con el cambio en los porcentajes
que se destinan para salud y jubilación. Ahora van tras otros sistemas de
seguridad social después de haberse apropiaron de los fondos de cesantía de los
maestros y otros trabajadores.
Si realmente quería justicia e igualdad habrían fortalecido el sistema
de Seguridad Social alimentándole con una estructura de salud propia y no
transfiriendo riqueza a la medicina privada, habrían fortalecido el BIESS y no
los sistemas financieros privados, etc. No, no lo han hecho y ahora también
quieren golpear a los otros sistemas especiales de seguridad, al contrario de integrarlos en un único y fuerte sistema de
Seguridad Social para todo el país, que detenga los intentos privatizadores del
aseguramiento social que acaban con su fundamento solidario.
La eliminación de privilegios es absolutamente correcta y justa, por lo
tanto debe empezar aplicándose en la estructura gubernamental, de lo
contrario se eliminan los privilegios incómodos para un poder que busca ser una
casta privilegiada de dominación, al servicio del neoliberalismo más devastador.
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