lunes, 26 de marzo de 2018


DEMOS-KRACIA
CONSTRUYAMOS DEMOCRACIA CON NUESTRA PARTICIPACIÓN




AL PAÍS
El actual momento que vive la humanidad tanto a nivel global como nacional, marcado por un achicamiento de las formas democráticas de la vida política, exige que la sociedad en sus organizaciones políticas autónomas participe de manera activa, permanente y directa en el diseño y ejecución de los asuntos públicos, en función de ampliar y profundizar la democracia y mejorar cada vez más la vida de los seres humanos.

En el contexto nacional, la sociedad ecuatoriana se enfrenta a la urgencia de recuperar sus organizaciones políticas autónomas y asumir su participación política directa en la reestructuración de la vida democrática del Ecuador.  Es un imperativo ético político que la sociedad sea la protagonista fundamental en las decisiones que se están tomando para democratizar la institucionalidad estatal del país. Solo este protagonismo ampliará y profundizará hacia abajo la participación de todos los sectores sociales que constituyen el Ecuador plurinacional, en toda su diversidad y diferencia.

En atención a lo expuesto presentamos la INICIATIVA DEMOS-KRACIA, CONSTRUYAMOS DEMOCRACIA CON NUESTRA PARTICIPACIÓN, que busca integrar a diversos sectores de la sociedad con el fin de abrir un espacio, lo más amplio posible, de participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos ancestrales e históricos, de las mujeres, de los campesinos y trabajadores, de las diversidades sexogenéricas, de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Un espacio permanente de diálogo y debate sobre los asuntos comunes y el futuro común del Ecuador, que construya propuestas y proyectos que mejoren nuestra vida política y den respuesta a las demandas sociales.          
La primera tarea que enfrentamos es acompañar activamente al Concejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, en su tarea de sanear el Estado y garantizar la real y amplia participación ciudadana y el control directo del quehacer estatal por la sociedad.

CONTEXTO
El pronunciamiento del pueblo en la Consulta del 4 de febrero decidió la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, como un órgano excepcional para enfrentar problemas estructurales, la corrupción, el autoritarismo, y restablecer la democracia a partir de la independencia de los organismos de control y la participación de la ciudadanía, volver a las raíces de la democracia como demos-kracia.

La necesidad de acudir a este mecanismo excepcional mostraba la conciencia de que estos problemas no se podían resolver a través de los organismos y las reglas “normales”. Se trata de un momento constituyente, que se coloca por encima de los poderes constituidos, en el ámbito de su mandato. Su poder nace del pronunciamiento popular y, por tanto, está sometido únicamente a esa voluntad.
Estamos ante una nueva oportunidad para dar un vuelco político y restablecer una democracia con participación real de la sociedad. Pero le acechan riesgos. El primero es el poder constituido que buscará, a través de diversos medios, condicionar el ejercicio de este poder y regresar las decisiones a manos de los organismos que han sido fuente y corresponsables de los problemas que se trata de enfrentar.

NATURALEZA JURIDICA
El mandato de la consulta popular determinó la creación de un CPCCS de transición, como un órgano excepcional con objetivos específicos:
a) Fortalecer los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción, y, proponer a los órganos competentes las reformas necesarias;
 b) Evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS  cesado, pudiendo declarar la terminación anticipada de sus períodos y proceder a la convocatoria de los procesos de selección. Expedir una normativa que regule   el proceso de evaluación, garantizando el debido proceso con audiencia a las autoridades evaluadas, incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana;
c) Garantizar la mejora, objetividad, imparcialidad y transparencia de los mecanismos de selección de autoridades cuya designación sea de su competencia.
d) Reconstituir el carácter ciudadano y de participación del Consejo.

Al ser un órgano de transición tiene el carácter de excepción y discrecionalidad plenas en sus objetivos, por lo cual no está sometido a la normatividad del CPCCS cesado, sino que debe generar discrecionalmente su propia normatividad para cumplir sus objetivos transitorios, determinados por la voluntad popular.

La transición justamente es para cambiar radicalmente la viciosa actuación y normatividad del cesado, y, al someterse directa o indirectamente a su deficiente normatividad, estaría desnaturalizando su propio carácter excepcional y degeneraría en lo mismo, con lo cual se burlaría la voluntad popular que otorgó facultades plenas para rectificar lo viciado.

La duda popular sobre la actuación del CPCCS cesado, obliga al Consejo de transición a neutralizar lo viciado y actuar por Mandatos y resoluciones autónomas.

LOS NUEVOS ORGANISMOS DE CONTROL
El mandato popular es QUE SE VAYAN TODOS, para sentar las bases de un nuevo poder de control y participación ciudadana. El cumplimiento de este mandato implica varios pasos:
1.     Evaluar la actuación de los actuales organismos de control. Para cumplir el mandato evaluatorio debe, dado el número de autoridades, simplificar procedimientos, y centrarse en el análisis y procedimiento sobre las diferentes formas de omisiones, corrupción, silenciamiento, alteración de normas en los diversos casos de afectación al bien común en lo económico como en lo político, para encausar una lucha efectiva contra la corrupción y sentar las bases de una reforma integral de los organismos de control.

2.     Dictar Mandatos sobre el carácter, papel, funciones, integración de los diferentes organismos de control, para garantizar el cumplimiento de su papel en la vigilancia del poder, exigibilidad de los derechos y la lucha contra la corrupción.
3.     Dictar Mandatos sobre los mecanismos de selección, elección, concurso para la nominación de los nuevos integrantes de los organismos de control. Un paso clave es pasar de la concentración de decisiones en un(a) funcionario(a), para establecer cuerpos colegiados de control, a fin de evitar la discrecionalidad, y posibilitar contrapesos de poder y la democratización de los organismos.

4.     Un capítulo especial se refiere a la constitución del CPCCS definitivo. De acuerdo al pronunciamiento de la Consulta, se procederá por elección universal de sus miembros. No le corresponde a la Asamblea, como sucede en este momento, actuar unilateralmente, para dictar una norma sobre el CPCCS definitivo. Se trata de buscar una forma que supere la representación electoral actual, sometida al juego de fuerzas y empresas electorales, y abrir espacio a la participación de la sociedad, bajo diferentes formas de representación. En nuestro país hay suficiente sustento para proceder por el mecanismo de la ciudadanía social, de modo que los siete miembros del nuevo CPCCS represente a Colegios electorales que designen por voto universal a representantes de los diversos sectores sociales y ciudadanos que integran el país: trabajadores; movimientos sociales urbanos, barriales, de derechos humanos; nacionalidades y pueblos indígenas, y organizaciones campesinas; pueblos y comunidades afro, montubios; empresarios; universidades y sistema educativo; mujeres, diversidades sexogenéricas y niñez, adolescentes y jóvenes.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y NUEVA ÉTICA
Durante los diez años de Rafael Correa se bloqueó, se silenció la lucha contra la corrupción. La manipulación de las normas, el control de todos los poderes estatales y el atemorizamiento de la sociedad abrieron el campo a una corrupción sistémica basada en la impunidad.
Ahora creemos que la lucha contra la corrupción tiende a convertirse desde los grupos de poder más en una estrategia para mover fichas en el ajuste de cuentas entre las diversas facciones dentro de Alianza País o en reposicionamiento de los grupos de poder nacionales y transnacionales; se ha convertido en un espectáculo de denuncias selectivas con resultados parciales en la solución del mal.

El CPCCS originario nació de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las luchas contra la corrupción. El CPCCS del periodo de Correa renunció a su autonomía y archivó, como informa el actual Consejo, 3.500 denuncias.

La integración del CPCCS de transición tiene una tarea clave en este tema: reorientar la lucha contra la corrupción, supervigilar la actuación de los organismos de control y de defensa de los derechos, pasar del espectáculo al seguimiento riguroso de los diferentes casos, abrir el espacio a la voz de la ciudadanía y de diversos colectivos que han aportado en esta problemática, con el objetivo de cortar la cadena de impunidad y empezar  una limpieza integral de los organismos públicos.

No se trata sólo del castigo a los corruptos locales; en los grandes casos, como Odebrecht, Papeles de Panamá, Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, venta anticipada del petróleo, etc., intervienen como principales beneficiarios empresas transnacionales. Se requiere impulsar acuerdos internacionales para enfrentar sobre todo la gran corrupción que tiene raíces globales, como los paraísos fiscales, la entrega de coimas para obtener contratos perjudiciales a los países. Y, sobre todo, para recuperar los fondos que pertenecen al pueblo y al Estado ecuatorianos. La diplomacia ecuatoriana debería actuar en esta dirección, pues es un mal que afecta gravemente a los diferentes países, sobre todo de la periferia: la corrupción es también un resultado del ejercicio del poder y la seducción del gran capital.

La lucha contra la corrupción y la impunidad tendrá resultados positivos sobre el fundamento de una nueva ética de honradez, responsabilidad y solidaridad. El Consejo debería sentar las bases de una Plan Nacional de Ética y de lucha contra la Corrupción, construido con la ciudadanía.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No sólo el Consejo de transición, sino el CPCCS es un organismo excepcional, especial, dentro de la arquitectura constitucional. A diferencia de todos los otros organismos, se asienta en la participación ciudadana y el control social; allí está una de las claves del paso a una democracia de nuevo tipo, basada en la sociedad.
Una de las responsabilidades principales del período correísta fue frustrar esta orientación, y convertir al Consejo en el instrumento para el dominio y la subordinación de los organismos de control y la justicia, y la instauración de un régimen autoritario. Por ello, es clave reorientar la normativa sobre la elección, integración y funcionamiento del Consejo definitivo, para que sea efectivamente la tribuna de la ciudadanía y del control social. No se trata de la reproducción de un espacio parlamentario en miniatura, ni del campo de las negociaciones de poder; sino de la institucionalización de nuevas formas de democracia participativa.

NUESTRO COMPROMISO
Estamos conscientes que este viraje no depende sólo del poder público o de los miembros del Consejo. La clave está en la participación desde abajo, en el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, en la militancia en la participación ciudadana y social.

Una primera tarea es colocar en la agenda pública los temas que son invisivilizados por el poder constituido y que expresan los intereses de la gente común: la defensa de la vida y el agua ante las amenazas del extractivismo; la seguridad social bajo los principios de solidaridad y de dirección de los afiliados y jubilados; una reforma educativa democrática ante el modelo mercantilista, excluyente y disciplinario; los derechos de género y los derechos de los niños y las niñas ante el patriarcalismo; un proyecto económico productivo, orientado al empleo para todas y todos.

Por ello, hoy expresamos un doble compromiso, acompañar la tarea del CPCCS transitorio, aportar en las diversas tareas que le competen para fortalecer su poder constituyente ante los afanes de sometimiento y subordinación de las diversas funciones del Estado y del poder constituido; y fortalecer la capacidad de propuesta y movilización de los diferentes actores sociales y ciudadanos de nuestro país. La iniciativa DEMOS-KRACIA, CONSTRUYAMOS DEMOCRACIA CON NUESTRA PARTICIPACIÓN, significa la convocatoria a construir una democracia desde abajo.



Quito, marzo de 2018

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