De pactos ético y otras mentiras
El 14 de julio de este año el
presidente de la República, en un mensaje a la nación, lanzó la idea de
realizar una consulta popular, en las mismas fechas de las elecciones
nacionales del 2017, por la cual se pregunte a la sociedad ecuatoriana: “¿Está usted de acuerdo en que, para
desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se
establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza,
en paraísos fiscales?”.
En una lectura rápida y superficial,
la propuesta es absolutamente correcta si se toma en cuenta que los paraísos fiscales
posibilitan una rápida acumulación de capital de manera “legal”, pero
definitivamente no legítima. Es conocido a nivel global que estos paraísos de
acumulación capitalista son usados no pocas veces por funcionarios públicos que
aprovechando sus puestos en los Estados expropian la riqueza social y, de la
noche a la mañana, generan su capital
privado o aumentan el que ya poseían. Sobre
este conocimiento parece no solo pertinente, sino ético que se prohíba que los
que quieran ser candidatos a las dignidades de la administración pública y los
servidores públicos en funciones posean bienes o capitales en los paraísos fiscales.
Sin embargo, si nos detenemos y
hacemos un poco de memoria y algunas relaciones no es difícil darse cuenta del
engaño de la propuesta del “pacto ético” o al menos de su ilegitimidad.
El sujeto que propone el “pacto ético”, ya sea el gobierno
de Alianza País o el Presidente no tiene la calidad ética para proponerlo. Se
podría argumentar que la propuesta es correcta independientemente de quién la
propone, el hecho es que un acuerdo ético se fundamenta en la confianza plena entre
los que van a acordar, pues es ella la que garantiza que el acuerdo se realice.
Si bien es la sociedad la que en consulta popular acordaría este pacto ético,
el proponente funge como mediador de este acuerdo y es esta mediación la que descalifica
el pacto.
La mediación debe tener la autoridad ética para promover
este acuerdo, autoridad que radica en su probidad respecto de lo que se está proponiendo.
Es esta condición la que no tenemos, pues el mediador está absolutamente
comprometido con actos de corrupción que
incumplen el acuerdo que se quiere proponer. Solo de los últimos hechos de la
larga lista de denuncias de corrupción gubernamental estamos viviendo el escándalo
en Petroecuador con el tema de la repotencialización de la refinería de
Esmeraldas. No se trata de uno o dos funcionarios públicos (Bravo y Pareja Yannuzzelli)
como quieren mostrar, se trata de una
trama que atraviesa y enlaza al gobierno con empresas vinculadas.
El sujeto que propone la consulta está absolutamente envuelto
en el entramado de la corrupción, pues no se habla de un hecho suelto o aislado de algún funcionario
público de tercer o cuarto nivel con competencias limitadas en la
administración pública, estamos frente a funcionarios de alto nivel que manejan
los grande contratos estatales ligados a los recursos estratégicos. Son
justamente esos altos funcionarios estatales los que suelen usar los paraísos
fiscales para lavar los recursos mal habidos. A esta cualidad estructural de la
corrupción del sujeto proponente se suma el hecho de que su Fiscal General de la Nación
estuvo también involucrado con empresas off shore en Panamá, pese a lo cual
sigue en funciones con el beneplácito de la Asamblea Nacional marcadamente
gobiernista. Fiscal que como era obvio de esperar no hizo mucho por impedir que
los funcionarios corruptos escaparan del país, como tampoco actuó cuando el
primo del presidente hizo lo propio. Aún más, el propio presidente montó un
homenaje a su primo y puso sus manos al fuego por él, como lo ha hecho con
muchos de los hoy implicados en actos de corrupción.
Cuando los implicados en los casos de corrupción, sobre
todo los funcionarios de alto nivel se encuentran a buen recaudo fuera del
País, ahí recién el gobierno y sus instancias de fiscalización y control fingen
hacer su trabajo. Así, son apresados los que se podrían denominar chivos
expiatorios, que permitan bajar la tensión social y aseguran que el escándalo
no llegue a instancias centrales que son donde estructura la corrupción del
capital.
Se podría seguir profundizando y relacionando los hechos de
gobierno para darse cuenta de que el sujeto de la propuesta del pacto ético no
tiene autoridad para hacerla. Es claro que lo que buscan es mostrar un rostro ético que no tienen y abrir un lugar en la próxima campaña electoral para su
candidato eterno que esta vez no participará como tal. No hay duda de que es otro cuento más de los
cuenteros de PAÍS.
Si de verdad quisiera hacer un pacto ético en contra de la
corrupción estatal, debería primero dejar que la sociedad se organice para fiscalizar
su ejercicio gubernamental y no perseguir toda iniciativa que quiera investigar
estos 10 años de gobierno. Si creería en su propuesta no podría correr para las
próximas elecciones, tendrían que dejar a la sociedad, con un próximo gobierno, fiscalizar su periodo y de
esos resultados establecer quienes son las personas que pueden volver a
postularse. Al menos no debería poner un candidato a la vicepresidencia que no
tiene aún la fiscalización adecuada que lo libere de cualquier conexión con el
caso de Petroecuador.
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