El terremoto político golpea sobre el terremoto natural
La semana pasada, mientras el Gobierno se encontraba aprobando su nuevo
paquete de impuestos eufemísticamente llamado “Ley de Solidaridad” y tratando
de deslindarse del escándalo de corrupción que involucra de lo que se conoce a
Alex Bravo, tuve la oportunidad de
visitar las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, especialmente en
la provincia de Esmeraldas. Quiero compartir algunas impresiones que me dejó
esta experiencia y que creo necesario que la sociedad debata.
El terremoto, más allá de los lamentables estragos que produjo y que son
de dominio público, ha evidenciado la precaria situación de muchas de las
zonzas afectadas, debido a los históricos procesos de depredación colonial y
capitalista que han sufrido los pueblos del Ecuador, particularmente los de la costa y dentro de
ellos los de la provincia de Esmeraldas. Pueblos empobrecidos que se hacen mucho más
vulnerables a desastre sociales producido por los movimientos de la
naturaleza.
En el caso de la provincia de Esmeraldas, histórica e irresponsablemente
abandonada por el Estado y por los gobiernos que se han sucedido en su
administración, la situación pos desastre no puede ser peor. La poca y precaria
infraestructura sanitaria, vial, urbanística, etc., ha quedado destruida; La
ciudad de Esmeraldas en términos generales sigue siendo las misma ciudad
empobrecida de siempre.
Los pueblitos de
pescadores transformados, sin ninguna planificación, en zonas turísticas han
mostrado su crecimiento desordenado
y deficiente para el turismo; los
edificios de departamentos proliferan en las playas con poco criterio de
ordenamiento del espacio y de los suelos, y sin la infraestructura necesaria
para la cantidad de gente que acogen; la mayoría de vía de los centros
turísticos son lodazales. Las comunidades de campesinos que se encuentran en la
parte interna están devastadas por las
madereras, por la miseria a la que han sido sometidas por décadas, por
la imposición de una perversa lógica mercantil, por el abandono total de los
gobiernos nacionales y por la mala administración de los gobiernos locales. En
definitiva, el terremoto solo mostró el empobrecimiento sufrido por una de las
zonas más bellas y ricas en bienes naturales y culturales que tiene este país.
Para empeorar esta lamentable situación, los daños mayores no son
producto del sismo natural sino del terremoto político que sobre el primero está
provocando el segundo. Crisis económica que afecta mucho más a los sectores y a
las provincias más empobrecidas, impuestos que no discriminan a las poblaciones
más necesitadas, vendettas políticas que afectan no a los gobernantes locales
como es el caso de la prefecta de Esmeraldas, sino a sus pobladores; etc. Lo
más perverso: una reconstrucción estatal de carácter autoritario que no permite
a las comunidades afectadas reconstruir su vida con dignidad. Lo que ha hecho el gobierno es establecer
refugios que más que un hospedaje temporal y solidario para las víctimas parecen campos de concentración.
Las familias y comunidades afectadas están obligadas a someterse a la lógica
vertical de los refugios, en los cuales lo que se hace es disolverlos en
individuos sujetos a la voluntad de poder gubernamental.
Horarios rígidos para repartir los kits individuales de alimentos, en
lugar de apoyar la rearticulación familiar y comunitaria para la reconstrucción
de la vida y de la producción. Es decir
individualización forzosa de la vida que atenta contra la vida comunitaria,
única garantía de recuperación después de un desastre de esta magnitud. Presión para que los refugios autónomos desaparezcan y se integren a los refugios estatales, lo cual hace más difícil que las comunidades vuelvan a su vida cotidiana en condiciones de dignidad y relativa normalidad.
Es urgente que las organizaciones sociales de las zonas afectadas y de
todo el país asuman la reconstrucción comunitaria de la vida cotidiana de las
provincias en crisis, de lo contrario tendremos mayor desastre social del que
ya existe.
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