lunes, 11 de abril de 2016





La reflexión propuesta tomará como antecedente una breve aproximación al significado del poder, tanto como concepto, cuanto como praxis social.

El poder, en su significación más amplia, es la capacidad humana de crear mundo en su doble dimensión simbólica-material. Esta capacidad creadora de mundo supone libertad, en cuanto solo un ser libre tiene voluntad de imaginar e inventar su mundo. Así, entonces, el poder es un poder-hacer-crear mundo en libertad, lo que no quiere decir que tengamos la libertad de decidir no crear mundo, pues sin él no es posible la existencia humana. El poder-crear mundo es un poder siempre colectivo, en la medida en que tal tarea exige ponerse-en-común, asociarse, aliarse, vale decir: ponerse junto y en relación con el otro. De esta forma, la apertura de mundo es apertura de lo social.    

Ahora bien, esta capacidad humana, su poder, puede transformarse en instrumento de dominación y devenir en poder de dominación. La dominación, por su parte,  dice del control que un grupo tiene frente a otros grupos, un país frente a otros países, una nación frente a otras naciones y nacionalidades, un Estado frente a otros estados, un Estado y un gobierno frente a los ciudadanos, un individuo frente a otro individuo o individuos, el Hombre frente a la naturaleza.

El control busca el sometimiento y obediencia del sujeto controlado, sujeto de la dominación, sujeto sujetado al poder de dominación, sea esta legal, tradicional o carismática, según dice Weber.  En atención a lo planteado, el poder de dominación debilita la puesta en común para construir mundo y, por lo tanto, la alianza social, esto es, lo social.

Tanto el poder como capacidad humana de crear mundo posible y posibilitante de la apuesta en común, cuanto el poder como instrumento de dominación sobre lo otro, instituyen un tipo de relación social. La relación que se instaura con el poder-crear mundo  es una relación que se abre a su propio movimiento, es decir una relación que estructura relaciones humanas cada vez más amplias y diversas. Al contrario, la relación que se instaura con el poder-dominar se cierra a su posibilidad y cosifica la relación humana en una estructura de dominación, que paraliza la imaginación que inventa y construye mundo. La primera fecunda la apuesta en común, la segunda destruye lo común.

El núcleo articulador del poder de dominación es la propia dominación, es decir el poder de dominación se alimenta de la dominación, lo cual le hace un poder de acumulación de dominación. En otras palabra, mientras más ejercicio de la dominación, mientras más sujetos sujetados al poder de dominación, más voluntad de dominación. De hecho, tanto el sujeto sobre quien se ejerce la dominación, cuanto el sujeto que la ejerce son dominados por el poder de dominación. Esto explica la profunda enajenación humana que provoca el poder como instrumento de dominación, pues el ser humano queda atrapado en la lógica del dominio que ya está hecho estructura de control y sometimiento del otro; otro que no es más que el ser humano frente a la dominación. La cosificación del poder humano de creación de mundo, en su instrumentalización como dominación, termina por debilitar lo humano del humano y fortalecer lo inhumano de lo humano.             

El poder de dominación y su acumulación, es decir esta instrumentalización del poder para el control y sometimiento del otro, puede ser vista a dos niveles: a nivel del ser social y a nivel del ser individual. En el primer caso se puede observar el poder de dominación que la especie humana ha acumulado y ha ejercido sobre el resto de la naturaleza (otro primero); el que una civilización como la occidental ha ejercido sobre el resto de civilizaciones y pueblos no occidentales; el que un Estado (norteamericano) ha ejercido sobre otros estados; el que una nación (blanco-mestiza) ha ejercido sobre otras nacionalidades; el que un gobierno (liberal-burgués) ha ejercido sobre otras formas de gobierno; el que un gobierno ejerce sobre los ciudadanos, sobre los pueblos, sobre las personas. En el segundo caso se puede observar la dominación que los padres ejercen sobre los hijos e hijas;  la que el hombre (s) ha ejercido sobre la mujer (es); la que el capitalista ejerce sobre los obreros y campesinos; la que el blanco (s) ha ejercido sobre los culturalmente distintos; la que los heterosexuales han ejercido sobre los otros diversos sexuales; la que los adultos han ejercido sobre los jóvenes, niños y viejos, etc.

El poder de dominación es, entonces, una estructura de sometimiento que doblega a todos los sujetos que quedan atrapados en ella. Aquellos que son atrapados como sujetos dominados van a sufrir la dominación como explotación, opresión, despojo, humillación. Aquellos que son atrapados como sujetos dominantes, mientras cumplan la función de dominadores, van a acumular tanto poder que terminarán decidiendo sobre la vida y la muerte de los otros. Así, el dominador será el que decida quien vive y quien muere, sea en el nivel biológico, político, social y simbólico de su existencia.            

En la historia humana han existido poderosos (encarnaciones humanas del poder de dominación) que no solo han administrado la vida de los dominados, sino que han tenido el derecho sobre la vida y la muerte socio-simbólica de los dominados. Entre estas encarnaciones del poder de dominación se puede ubicar al Gobierno de Alianza País.




Hay poderosos que deciden sobre la vida y la muerte política de los dominados, son los que deciden quienes tienen derecho a participar de la construcción del mundo común y quienes no. El dominador político  impone el horizonte de sentido que cree que debe guiar el destino de los dominados (llámese progreso, desarrollo, modernización), haciendo caso omiso a las opiniones de aceptación o rechazo que los dominados puedan tener respecto del paradigma civilizatorio impuesto. Por lo general, mientras más concentrado está el poder de dominación política, más sujetos políticos autónomos son liquidados, el asesinato político de los sujeto disidentes se convierte en una práctica sistemática, una política de Estado.  Así, el exterminio político de los sujetos divergentes es la base de la consolidación y el mantenimiento del poder de dominación política que busca la paz de la masa despolitizada. Queda así establecido quien habla y quien no habla, que es opinión y que no, que es noticia y que no, que discurso es legítimo y cual no, quien tiene derecho a opinar y quien no. Lo cierto es que, en términos generales, la sociedad es silenciada, excepto el pequeño círculo que compone la cohorte del poderoso, el mismo que tiene como función repetir, comentar y legitimar las decisiones tomadas desde el poder de dominación política.     



Así también, los poderosos que tiene derecho sobre la vida y la muerte social de los dominados, son los que administran la existencia social de los individuos y grupos sometidos. El poderoso tiene el derecho de decidir y administrar cómo se va a vivir, qué es lo que se necesita para la existencia, es quien tiene el derecho de imponer la política económica (capitalismo, extractivismo, industralización); la política social (qué tipo de salud, de educación, de vivienda, que tipo de ciudad, que tipo de transporte, etc.); la política cultural (qué formas culturales valen y cuáles no, qué lenguas son importantes y cuáles no, qué costumbre sirven y cuáles no, qué saberes son los legítimos y cuáles no, cuál es la educación de excelencia y calidad y cuál no, etc.) sin tomar en cuenta la opinión de los dominados. Más aún, cuando la concentración del poder de dominación social se radicaliza, el poderoso tiene derecho a decidir e imponer cuáles son las formas sexuales legítimas, cuáles son las relaciones de género legítimas, quiénes tienen derecho a casarse y quiénes no, cuáles pueblos y nacionalidades son legítimas y tienen derecho a existir social y culturalmente y cuáles no. La vida social, así controlada, deviene en una gran fábrica que produce autómatas funcionales a la reproducción del sistema social imperante, pequeñas piezas de la gran maquinaria social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


Cuando el dominado se resiste a la dominación y busca desujetarse del poder que lo somete, el poderoso con el peligro de no poder sobre el otro, asume el derecho sobre la vida del dominado y decide su muerte biológica. La historia del poder está llena de ejemplos del derecho que los poderosos se adjudican para decidir terminar con la vida de los otros (fascismo, nazismo, dictaduras militares, estalinismo, paramilitarismo, machismo, etc.) El asesinato del dominado se produce cuando éste ha dejado subjetivamente de ser dominado:

Matar no es dominar sino aniquilar, renunciar absolutamente a la comprehensión. El homicidio ejerce un poder sobre aquello que se escapa al poder (…) Yo solo puedo querer matar a un ser absolutamente independiente, a aquel que sobrepasa infinitamente mis poderes y que por ello no se opone a ellos, sino que paraliza el poder mismo de poder. (Levinas, 1977, pág. 212)     



El derecho que el poder de dominación ejecuta para terminar con la vida simbólica de los individuos es, quizá, el de mayor violencia es mucho más difícil sostener la existencia  biológica después de haber sino aniquilado simbólicamente. Los “muertos vivos” son “desechos humanos”, por expulsión o exclusión,  confinados a: hospitales psiquiátricos,  cárceles, campos de concentración, campos para refugiados, centro de reclusión de  inmigrantes “ilegales”, reservas indígenas, apartheid, destierro, humillación, insulto,  descalificación pública sistemática, etc. El verdadero aniquilamiento del ser humano está precedido por su destrucción simbólica, en razón de que es despojado de su investidura humana que le otorga un lugar en lo social.

Como se anunció en líneas anteriores, estas cuatro formas de poder de dominación, en distintos niveles, son observables en la manera en que, durante 9 años, ha gobernado el Movimiento Alianza País (A.P.). Existen sin embargo dos formas de dominación que caracterizan la dominación correísta, las mismas que se discuten a continuación.  



Uno de los mecanismos de dominación implementados por el  Gobierno de A.P. es lo que se puede denominar el totalitarismo de la racionalidad jurídica. Lo que se ha operado en estos años de Revolución Ciudadana es la instrumentalización del aparato jurídico como mecanismo de control penal de la sociedad, algo que es inmanente a la lógica de un Estado absolutista de inicios de la modernidad. De hecho, según Thomas Hobbes, no se trata de legislar a favor del Estado, sino que el Estado está por fuera del marco legal creado por el poder soberano para la ciudadanía. Así, para el autor, una

…opinión repugnante a la naturaleza de un Estado es que quien tiene el poder soberano esté sujeto a las leyes civiles. Es cierto que los soberanos están sujetos, todos ellos, a las leyes de naturaleza, porque tales leyes son divinas y no pueden ser abrogadas por ningún hombre o Estado. Pero, el soberano no está sujeto a leyes formuladas por él mismo, es decir, por el Estado, porque estar sujeto a las leyes es estar sujeto al Estado, es decir, al representante soberano, que es él mismo; lo cual no es sujeción, sino libertad de las leyes… (Hobbes T. , 2015, pág. 132)

Entonces, se deduce que el poder judicial, como el Otro procedimental de la ley, administra la justicia en defensa del Estado, el Gobierno y sus altos funcionarios  en contra de la ciudadanía.
Al constituir el soberano una sociedad civil, es él quien dictamina una ley positiva sustentada racionalmente y que dará coto a estados de naturaleza, por lo que no puede estar sujeto a dicho marco jurídico. Quien infrinja estas leyes, es decir el pacto que permite la existencia de la República, será sancionado de acuerdo al criterio y conveniencia del soberano, su reproducción estructural y defensa. Por lo que la ley y la administración de la justicia, más allá de suponer, en la retórica, la encarnación de la voluntad general guiada por una racionalidad científica, sirven para preservar un statu quo y castigar a sus infractores o detractores.

Cuando se piensa la coyuntura nacional desde estas nociones del Estado, se comprende que las estructuras básicas de dominio y control absolutistas de los inicios del Estado capitalista moderno se mantienen y afianzan en estos últimos años de progresismo en el país. Dicho de otro modo, la justicia abiertamente sirve para criminalizar al dominado y  proteger al dominador, en base a identificar Razón Jurídica con Verdad Política y a ésta última con Revolución Ciudadana.  Al parecer, la justicia en el Ecuador tiene como objetivo primero defender los derechos del Estado (tanto en la persona jurídica de las empresas cuanto en la persona natural de sus funcionarios), frente a la amenaza que los ciudadanos representan para los intereses del poder político aliado del poder económico.

En estos años del Gobierno de Alianza País, a partir del nuevo marco constitucional, se han elaborado leyes, normas y reglamentos que se operacionalizan con el fin de vigilar, controlar, perseguir y castigar a los ciudadanos, es decir para dominar a la población. Al ciudadano por su parte, en base  de reglamentos y decretos como el 016 se lo aísla, se lo atomiza, dejándolo huérfano de organización social y/o política para que quede a merced del poder del Estado. Así, el ciudadano en indefensión total se enfrenta al Gran Otro procedimental jurídico que lo domina. Este ha sido el caso de Bonil, Klever Jiménez, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Mery Zamora, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, Pepe Acacho, Carlos Pérez, Javier Ramírez, los 10 ciudadanos apresados en Luluncoto, los estudiantes del Central Técnico, los miembros de Fundación Pachamama, entre tantos otros. 

La justicia identificada con la opresión configura lo que se puede denominar el terror de la razón jurídica, un particular poder de dominación que está siendo ensayado por el Gobierno de A.P., todo en  nombre del progreso y la modernización capitalista encubierta en la promesa del Buen Vivir.

 La razón jurídica ha sido retomada por el Gobierno como una eficaz forma de control político. La identificación entre justicia y opresión conlleva la supremacía de la dominación sobre la justicia, hasta el punto de convertir a la última en instrumento de la primera. Así, las luchas o actos de resistencia a la dominación, portadores de valor ético otorgado por la justicia histórica, terminan siendo “delitos” que deben ser penalizados y castigados.    

El aparato de justicia ha sido convertido en una dependencia de la presidencia de la República para castigar a todos aquellos que el Gobierno, en la figura del Presidente, consideran enemigos de la “Revolución”. Ante los ojos del dominador siempre se es culpable; culpable de no apoyar la revolución, culpable de  atentar contra el Gobierno o el Estado, culpable de atentar contra la honra del Presidente, culpable de conspirar contra la paz, culpable de terrorismo, culpable de rebelión, culpable de no ser culpable (Zizek, En defensa de las Causas Perdidas, 2011). En esta conversión de la justicia en opresión, la democracia termina siendo el mejor sistema de dominación.

Esta lógica de dominación, que convierte la violación de los derechos humanos en aplicación de la justicia, fue espectacularmente mostrada al mundo por el Estado norteamericano cuando cínicamente convirtió los crímenes contra la humanidad perpetrados en la intervención militar a Irak en defensa de la paz y la libertad. Como es ya conocido “… la administración Bush bautizó su cruzada antiterrorista como "Operación justicia infinita", título ofensivo tanto para musulmanes como para cristianos. El mensaje implícito era que los talibanes eran infinitamente culpables y Estados Unidos infinitamente inocente, y que la "justicia infinita" contra aquellos sería una venganza sin límite.” (Stam, 2003)  En la cita queda claro  como la justicia, usada como instrumento de dominación, se trasmuta en venganza, así el poder que instrumentaliza la justicia para su propósito de dominación es un poder vengativo, que se activa a partir del odio y el resentimiento que el sujeto que lo detenta experimenta frente a quienes se oponen a su poder-dominación.  La idea propuesta se la puede observar en declaraciones hechas por el primer funcionario del Estado ecuatoriano como aquella hecha en relación al caricaturista Bonil: "Los ecuatorianos debemos rechazar las mentiras y a los mentirosos, sobre todo si esos mentirosos son cobardes disfrazados de jocosos caricaturistas. Odiadores del gobierno disfrazados de jocosos caricaturistas" (CNN en español). Declaraciones que son premisas para enjuiciar, sancionar al ciudadano que ha violado los derechos del Estado. 

La instrumentalización del aparato jurídico como dispositivo de dominación ha convertido la excepción de la norma en norma. Si la excepción de la norma supone que un individuo es excluido de la regla general, lo cual lo deja sin garantías y por lo tanto lo convierte en humano sacrificable; cuando la excepción se ha convertido en la norma son la mayoría de personas las que quedan en la indefensión y terminan por ser culpabilizados, criminalizados y condenados; han sido excluidos de toda garantía. Ahora bien, esta exclusión resulta inherente a la lógica del Estado y su instrumentalización jurídica, puesto que su discurso sobre la ley como encarnación de la voluntad general, sirve únicamente para legitimar la sanción y criminalización de sujetos y relaciones divergentes. A este respecto, Hobbes plantea que

La ley se hace por el poder soberano, y todo cuanto hace dicho poder está garantizado y es propio de cada uno de los habitantes del pueblo; y lo que cada uno quiere tener como tal, nadie puede decir que sea injusto. Ocurre con las leyes de un Estado lo mismo que con las reglas de un juego: lo que los jugadores convienen entre sí no es injusto para ninguno de ellos. Una buena ley es aquello que resulta necesario y, por añadidura, evidente para el bien del pueblo (Hobbes T. , 2015, pág. 140).

Este racionamiento conduce a suponer que, debido a que el gobierno de Alianza País ha ganado procesos electorales de manera “democrática” y bajo un “respaldo mayoritario”, es preciso  aceptar y tolerar las leyes que intentan limitar la organización social, las expresiones sociales y culturales diversas, en pos de una adecuación de la realidad nacional para el mercado global. De esta forma, la sociedad ecuatoriana termina siendo criminalizada, todos se convierten en sospechosos de traición, de terrorismo, de rebelión, todos son objeto del Nuevo Código Integral Penal.  La norma que garantiza la vida social de toda persona es suspendida cuando el poder jurídico es un instrumento de dominación.


Avishai Margarit sostiene que: “…una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas” (Avishai, 1995, pág. 32). Si se acepta esta premisa, se puede afirmar que cuando un gobierno instrumentaliza la institución de la justicia (instituida para garantizar a cada ser humano lo que como miembro de una sociedad le corresponde como derecho) para oprimir  a los ciudadanos, es un Gobierno indecente que está pervirtiendo una sociedad que busca ser correcta o decente. Hay que recordar que una de las demandas más importantes de las movilizaciones populares, de fines del siglo pasado y comienzos de éste, fue abrir la discusión sobre el Sumak Kawsay, cuyo planteamiento básico es la construcción de una sociedad correcta, una sociedad digna, una sociedad justa. 

Un Gobierno indecente es aquel que institucionaliza la humillación pública de los ciudadanos, a través de la ley o la tarima Estatal.

"Que el señor Jaime Guevara es malcriado y mentiroso; que puede tener militancias de izquierda equivocadas; miopes, virulentas y torpes; que además es anarco, virulento y agresivo; que más aún tiene una enfermedad irreversible, cisticercosis, que provoca en él virulencia extrema y ataques epilépticos desde hace décadas, especialmente cuando tiene accesos de rabia e indignación contra quien no piense como él; que estos ataques lo llevan a tener la mirada perdida, incapacidad de vocalizar palabras, dificultad para expresarse y para mantener el equilibrio, todo lo cual lo hace parecer como borracho y bajo efectos de la droga, más aún cuando apesta a alcohol seguramente por medicinas que toma; pero de acuerdo a personas que lo conocen y a sus propias declaraciones, no es borracho ni drogadicto" (El Universo , 2015).  

El irrespeto a los seres humanos es inherente a la lógica de la dominación, en la medida en que muestra el rechazo del poder a formas de pensamiento y acción diferentes a las establecidas por él.  La estrategia de la humillación, usada por el dominador en contra de aquellos que disienten políticamente, apela a determinadas condiciones de la existencia de las personas que van a ser humilladas-dominadas. La edad avanzada, las discapacidades, la fealdad, la estatura, la contextura corporal pueden dar motivos al dominador para humillar (Avishai, 1995, pág. 33). Ejemplo de esta lógica de la humillación son aquellas expresiones que se hicieron tristemente célebres en el país: “gordita  horrorosa”, “coloraditas plásticas”, “enano latin lover”, etc. Así también, el dominador apela a condiciones políticas o étnicas del sujeto de su dominación para convertirlo en objeto de humillación, como por ejemplo: “izquierda infantil” o “boba”, “políticos primitivos”, “emplumados”,  etc. 

La humillación como instrumento de dominación del poder gubernamental es de carácter público y tiende cada vez más a convertirse en un espectáculo mediático, que expone al humillado-dominado a la mirada masiva de la sociedad. A partir de este mecanismo, el poder busca reducir al dominado a un objeto-espectáculo del goce perverso de una población convertida en masa a-crítica. Al mismo tiempo, este mecanismo es una forma de pedagogía del poder por la cual se enseña públicamente a la sociedad,  lo que sucede si algún miembro, individual o colectivo, perteneciente a  ésta se  atreve a contradecir las órdenes del poderoso.  En el contexto del debate sobre la despenalización del aborto por violación, tres asambleístas de Alianza País “osaron” discrepar con el poder ejecutivo-léase Rafael Correa-. El castigo no se hizo esperar,  de manera inmediata fueron reprendidas públicamente y obligadas a retirar sus planteamientos -frente a la manera de votar el artículo referido a la despenalización del aborto- y a pedir perdón. No satisfecho con este castigo, el poder decidió condenarlas al silencio y obligarlas a aceptar públicamente el castigo, en otras palabras a aceptar públicamente su humillación.     

En el caso expuesto, en las líneas anteriores, se puede observar cómo el mecanismo de dominación basado en la humillación pública busca generar la aceptación de la víctima, con lo cual la dominación y su violencia aparecen como legítimas. Cuando la víctima acepta su condición de víctima, es decir acepta su culpabilidad - pues la culpa es el reverso funcional de la victimización-,  admite y reconoce el poder de dominación como válido, con lo cual acepta su condición de dominado. De esta manera, la dominación está consolidada.  Es importante  anotar que el poder de dominación gubernamental es patriarcal, y en el caso particular que se analiza, es machista. La humillación pública de las tres asambleístas de A.P., además de las características anotadas, es profundamente machista. Tómese en cuenta que el que oficia el castigo es el Presidente,  un hombre, que castiga a las mujeres asambleístas sobre la base de acusarlas de “traición”, de engaño, de deslealtad, en relación a un tema cuyo debate, además, el Presidente lo coloca en el marco de la moral patriarcal.

El que las asambleístas hayan aceptado el castigo y la humillación pública dice de su incapacidad de exigir que se les respete, a pesar de que son conscientes de su derecho a la libertad de expresión.  Este comportamiento afirma la estrategia pedagógica del poder que busca educar a la población para que acepte la humillación, es decir acepte la violación de su dignidad como algo legítimo. La idea es privar a la víctima de su justa indignación contra el poder que la está maltratando. “Lo mínimo que se espera de una víctima es que se rebele contra el daño que se le causa y contra quien se lo causa” (Avishai, 1995, pág. 35). Al contrario de esto, las asambleístas, en un acto de auto humillación, consienten la violencia que se ejerce contra ellas, reconocen el castigo como algo merecido y afirman la culpabilidad señalada por el poderoso.

Quizá en la lógica del poder que se desarrolla al interior de A.P., al estilo estalinista, se es más culpable si no se acepta que se es culpable.  La lógica sería, hay que aceptar la culpa en nombre del proyecto a pesar de saber de su inocencia, pues es necesario sacrificarse por los altos valores de la “revolución”. O quizás la razón no sea tan política, sino más bien personal: no poner en peligro el lugar dentro de A.P., el lugar otorgado por el señor presidente. Sea cual fuere la razón de esta aceptación, lo que queda claro es el funcionamiento del mecanismo de la humillación pública como estrategia de sumisión.             

La humillación, como mecanismo de dominación, es propia de gobiernos que transgreden los derechos de los gobernados, en otras palabras, que irrespeta a los mandantes. No hay muestra más clara de humillación que la ejercida por la dominación  estatal-gubernamental cuando viola los derechos, ante todo aquellos que protegen la dignidad humana. El gobierno de la Revolución Ciudadana, más allá de su retórica revolucionaria, ha implementado una política sistemática de violación de derechos. La permanente violación de los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución del 2008 –ampliación de la frontera petrolera, reforma a la ley minera, explotación en el Yasuní, etc.-;  la violación a los derechos laborales de los servidores públicos  -renuncias obligatorias-, jubilaciones anticipadas, incremento de requerimientos laborables, inestabilidad contractual, etc. - ; violación a la libertad de asociación – decreto 106, caso Luluncoto, caso Fundación Pachamama -; violación a la libertad de opinión, comunicación y expresión – Ley de Comunicación, sanción y juicios a periodistas, sanción a medios de comunicación, etc.-; violación al derecho a la resistencia – nuevo Código Integral Penal, criminalización de la protesta social, persecución a dirigentes sociales, etc.-. Todas estas formas de violación de los derechos no son otra cosa que formas de humillación a la vida humana.  Los gobiernos que no cumplen con su obligación de garantizar el respeto a los derechos de las personas actúan de manera humillante. Peor aún son los gobiernos que se autodefinen como garantistas de derechos e irrespetan los mismos, pues no solo que humillan por irrespetarlos, sino por engañar a la sociedad y hacen de ella una sociedad indecente,  una sociedad que acepta la humillación (Avishai, 1995, pág. 36).  

La humillación pública busca que el dominado se sienta un ser desgraciado, avergonzado y deshonrado frente a la mirada de la sociedad a la cual pertenece. Sin duda la humillación lesiona la dignidad del ser humano, razón por la que constituye la más abyecta forma de dominación. 


Casos arato jurídico como dispositivo de dominaicón
Caso descripción       
Clever Jiménez
Injurias al Presidente de la República Rafael Correa Delgado.
Acusación de hackeo de cuentas de correo electrónico de personas de Alianza País.                
Pago de una suma de 140 mil dólares para indemnización del Presidente por injurias y maltrato.
Apertura de las investigaciones para nuevo juicio político por hackeo de cuentas del gobierno oficialista. -2014-2015
Fernando Villavicencio
Injurias al Presidente de la República Rafael Correa Delgado.
Acusación de hackeo de cuentas de correo electrónico de personas de Alianza País.                
Juez nacional Luis Enrique prescribe la pena de un año de prisión por injurias al Presidente.
Pago de una suma de 140 mil dólares para indemnización del Presidente por injurias y maltrato.
Apertura de las investigaciones para nuevo juicio político por hackeo de cuentas del gobierno oficialista.              
-Inicios de 2014-2015
Carlos Figueroa         
Médico y activista acusado por injurias al presidente.
Enero del 2015 presidente de la República denuncia nuevamente al perseguido político por “reincidencia” Versiones diferente a las del Gobierno oficialista en el caso del “30 S”
Seis meses de prisión                     
Caso del 30 Septiembre en 2010-Inicios del 2014 por injurias.
Año 2015 por reincidencias.
Pepe Luis Acacho
Defensor de los derechos de los pueblos indígenas.
Denuncia al gobierno de querer privatizar el agua.
Acusado de terrorista por parte del Gobierno.          
En febrero del 2011 es detenido y acusado de sabotaje y terrorismo.
Detenido en un operativo combinado entre la policía y el ejército de Macas, siendo trasladado con fuertes medidas de seguridad a la ciudad de Quito a la Cárcel de máxima seguridad.    
Inicios del 2011
Francisco Endara 30 de Septiembre
Activista que pide la libre expresión en el Ecuador.
Perseguido y calumniado desde el canal de gobierno Ecuador Tv.
Detenido el 27 de enero por aparente vinculación con la toma violenta de las instalaciones de la televisora estatal Ecuador TV.        
2011
Coronel Galo Monteverde 30 de Septiembre
Toma violenta de las instalaciones de Ecuador tv.
Acusación de sabotaje y terrorismo.          
Sin juicio establecido pero petición de 8 a 12 años de reclusión.              
2010 desde el 30 de septiembre.
Dr. Pablo Guerrero 30 de Septiembre.
Toma violenta de las instalaciones de Ecuador TV    -
Denuncia por golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010
Recibe asilo político por parte de la República de Checa.       
A partir del 30 de septiembre del 2010 hasta julio de 2012 cuando recibe asilo político exterior.
 Pablo Chambers Lectura de contratos “Hermano del Presidente”
Conformación de veeduría ciudadana que investigó los contratos entre las empresas relacionadas con Fabricio Correa y el Estado.
Amenaza constante por parte del gobierno a l tener resultados de la veeduría poco favorables para ellos.            
Enero del 2011
 Coronel Patricio Haro Caso de 30 septiembre.
Pretender alterar el orden social, el orden público y herir el honor nacional.       
Declarado culpable por parte del tribunal segundo de garantías penales de Pichincha.
Sentenciado por un supuesto delito contra la seguridad interna del Estado             
2010
Gerardo Portilla
Lectura de contratos “Hermano del Presidente”
Conformación de veeduría ciudadana que investigó los contratos entre las empresas relacionadas con Fabricio Correa y el Estado.   
Amenaza constante por parte del gobierno al tener resultados de la veeduría poco favorables para ellos.                       
Enero del 2011
Néstor Marroquín
Denuncia varias irregularidades en la emisión de cédulas de ciudadanía en especial el otorgamiento a miembros de las FARC-EP.     
Condena 3 años de prisión correccional emitida el 30 de mayo de 2011.
Libertad obtenida tras 23 meses de prisión el 9 de enero de 2013.       
A partir del 30 de septiembre de 2010.
 Hugo Loza                        
Caso petrolero Palo Azul
Caso del 30 de septiembre
Denuncia pacto perverso entre el gobierno de Rafael Correa, el Fiscal Chiriboga y Lucy Blacio en contra del Estado por la nulidad del caso Palo Azul.      
Amenazas por parte del gobierno de Rafael Correa Delgado.  -Año 2012
 Mauricio Alarcón Salvador Caso Fundamedios           
Medidas gubernamentales de disolver Fundamedios, organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en el país.
SECOM notifica a Fundamedios su procedimiento de disolución por difundir mensajes con tintes políticos.
2015
 Diego Vallejo                
Denuncia de casos de corrupción en el actual régimen de gobierno.
 Pena de un año de prisión por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas.
Detenido el 29 de junio de 2012.
 Fernando Balda           -Atentar contra la seguridad del Estado.
Estado lo denuncia por supuesta central de espionaje del gobierno.
Pena por delito de injuria.
Condena de un año y diez meses                  
Año 2013
 Mery Zamora
Participación en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.      
Declaratoria de inocencia por supuesta participación en revuelta policial.
27 de mayo de 2014 es acusada de rebelión y sabotaje por haber incitado a los alumnos de un Colegio de Guayaquil.
Desde el 30 de septiembre de 2010, re-activando el proceso penal en 2014 por nuevas acusaciones.
Paúl Jácome
Implicación en el caso del 30 de Septiembre           
Cárcel de un año por implicación en el caso del 30 de septiembre.       
Inicios de 2014.
Xavier Cajilema           
Implicación en el caso del 30 de Septiembre           
Cárcel de un año por implicación en el caso del 30 de septiembre.        
Inicios de 2014
 Edwin Lasluisa
Cárcel de un año por implicación en el caso del 30 de septiembre.       
Cárcel de un año por implicación en el caso del 30 de septiembre.        
Inicios de  2014
 Caso Luluncoto
Juicios contra 10 personas por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado.
Abigail Heras
Ana Campaña
Víctor Vinueza
Pablo Castro
Fauda Tapia
Héctor Estupiñan
Santiago Gallegos
Royce Gómez
Luis Merchán
César Zambrano.     
Captura por colocar bombas panfletarias que detonaron en Guayaquil, Quito y Cuenca.
Un año de prisión     

Los 26 de Saraguro
Participación en protestas el 17 de agosto de 2015.
Denuncia de los detenidos al ser capturados después de haber sido violentados sus domicilios.             
-Detenidos por protestas en Saraguro Provincia de Loja.
Prevención preventiva de 30 días.             
Agosto 215.
Xavier Bonilla
Censurado por caricaturas políticas
Hostigamiento” y censura que presuntamente sufren periodistas y cibernautas por parte del gobierno de Rafael Correa. 
Perseguimiento y burla continua por parte del gobierno ecuatoriano al caricaturista.
Proceso de desvalorización del mismo.    -Desde comienzos del 2013 con la nueva ley de comunicación.



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