Mirando a través de la fisura

¿Qué hay detrás de las enmiendas?

Este territorio,  nuestro territorio social, político y económico,  nuestro rincón del  mundo ha sido una vez más ultrajado por la codicia de los negocios, la ambición del poder político que la acompaña y la indecencia ética de los funcionarios estatales de turno, que hacen posible las dos primeras. 

Semejante atentado no podría sino dolernos e indignarnos, más aún cuando cien  sumisos siervos del poder, respaldados en una obscena demostración de fuerza de los aparatos represivos del Estado, arbitrariamente se adjudican el derecho ilegítimo de decidir cambiar el acuerdo social; no para ampliar derechos, sino  para restringir los logros de justicia conquistados en décadas de lucha popular y dejar, así,  en  indefensión a la sociedad frente al poder económico y político que paga sus  privilegios de caporales y traidores.  

Las “enmiendas” que se aprobaron, en un acto de total indecencia política, no solo que no amplían derechos como los correístas quieren hacernos creer. Todo lo contrario, limitan conquistas populares que suponen mayor justicia social y control político sobre el Estado y de alguna manera sobre el capital por parte de una sociedad con poder de comunicarse, informarse, consultarse, organizarse, movilizarse, resistir, fiscalizar.   Las “enmiendas” son parte de un modelo de poder de dominación  que el correísmo ha aplicado en el país durante sus años en la administración del Estado.

Pensadas las enmiendas al interior de un patrón de dominación, está claro que restringir la capacidad de la sociedad de hacer consultas populares  sobre cualquier asunto, deja al Estado y específicamente a los gobiernos de turno  libres para imponer la política económica, como por ejemplo la extractiva,  que beneficie a ciertos grupos nacionales e internacionales, sin barreras sociales.  En otras palabras, se ensancha la vía para la devastación de la naturaleza y la desposesión de la riqueza social de los pueblos, como claramente lo mostró el proceso Yasuní.

Plantear constitucionalmente que las Fuerzas Armadas tienen como misión complementaria apoyar en la integridad del Estado de conformidad con la Ley, establece la absoluta libertad para que cualquier gobierno de turno decida que la resistencia popular a su política económica y social es una amenaza a la integridad del Estado y lance la represión militar en contra de la sociedad, con absoluta legalidad constitucional. Así garantiza eliminar los límites que  la lucha social pone a la avanzada del capital en el País. Lo que se busca con esta enmienda, quizá la más violenta, es militarizar el país en una suerte de imponer como norma el estado de excepción y así mantener a la sociedad bajo amenaza militar constante. Hay que tomar en cuenta que esta “enmienda” se completa con el ofrecimiento de que el Estado garantiza el  pago de las pensiones jubilares de las FFAA y la Policía Nacional. Mientras el correísmo ha establecido los pasos decisivos para la destrucción de la Seguridad Social, que no lo pudieron hacer los neoliberales.

La “enmienda” que recorta las competencias de la Contraloría es sin lugar a dudas la más indecente.  Si la  Contraloría ya no va a controlar la consecución de los objetivos de las Instituciones del Estado, ¿qué va a hacer?  La contadora de las cuentas que ya se han ejecutado sin saber por qué? ¿A nombre de qué?  ¿En relación a qué? ¿En atención a que interés? ¿A qué política? ¿A qué objetivo?  Menos aún si esos objetivos responden a los intereses de la sociedad o a intereses particulares o corporativos relacionados a los grupos de poder político o económico. Se ha liberado las trabas a la impunidad más de lo que ya ha existido en el país, o mejor dicho se norma constitucionalmente la misma. Esta “enmienda” es muy coherente con la corrupción   lógica  estructural que alimenta la circulación y acumulación de capital.

En lo que tienen que ver con la “enmienda” laboral, no puede estar más nítida la política anti obrera del correísmo.  Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo, con lo cual los empleados públicos no podrán realizar contratos colectivos, instancia que les permitía gestionar sus derechos laborales. Se les iguala a los trabajadores del sector privado, pero no para ampliar sus derechos laborales sino para restringirlos como ya se restringieron en el sector privado, lo cual es un claro retrocesos de las conquistas de los trabajadores.

Por último, la “enmienda” que reza: La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. La comunicación más que una necesidad es fundamentalmente un derecho, referido a la permanente humanización de los seres humanos, como seres de lenguaje. En otras palabras, los seres humanos son tal en la medida de su capacidad comunicativa, por la cual se ponen en común y por lo tanto logran sociedad.  La comunicación como servicio público limita esta capacidad humana dentro de los fines de los servicios o medios  de comunicación, los mismos que estarán sometidos a las disposiciones del Estado y específicamente de los funcionarios gubernamentales de turno.  No hay duda de que lo que se intenta con esta “enmienda” es limitar la capacidad crítica de la sociedad, a través de un control ideológico, vía tutela de la comunicación convertida en servicio público.

Una sociedad que no se comunica o que se comunica dentro de parámetros de control ideológico  es una sociedad silenciada y por lo tanto sometida al poder, sea este cual sea. Si ya la lógica de la industria cultural silenció a la sociedad vía ideologización mercantil consumista, el correismo quiere afianzar este silenciamiento vía ideologización estatal autoritaria.

Definitivamente, el 3 de Diciembre se ha ratificado y profundizado un patrón de dominación política que obviamente se enmarca en la economía capitalista, con el cual se deja a la sociedad sin garantías para su resistencia y lucha,  sometida a la represión constitucionalizada que ya se evidenció el mismo día. La mesa está tendida  para cualquier gobierno antipopular, sea de la izquierda falsificada correísta o de la derecha remozada para continuar el despojo de la riqueza social y la represión en contra de  los pueblos.